Editorial La Nacion Viernes 6 de enero

Incumplimiento de la Constitución

Aunque que lamentablemente estamos acostumbrados a asiduos desplantes a la Constitución nacional, el incumplimiento por parte del jefe de Gabinete de Ministros de su deber constitucional de asistir una vez por mes al Congreso de la Nación revela una conducta mucho más grave que la obvia desconsideración hacia el Poder Legislativo y la ciudadanía. El artículo 101 de la Constitución es más que claro cuando expresa que el jefe de Gabinete “debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Sin embargo, durante todo el año último, Alberto Fernández apenas concurrió en una ocasión al Congreso. Fue el 30 de marzo, cuando brindó un informe de gestión en la Cámara de Diputados. Desde entonces, no volvió a la sede del Parlamento. No hay excusas para este incumplimiento de la Constitución. Esgrimir problemas de agenda no resulta una razón valedera para violar nuestra ley fundamental. Mucho menos lo es el hecho de que 2005 haya sido un año electoral, como señaló el presidente del bloque de senadores justicialistas, Miguel Pichetto, intentando disculpar a Fernández. La condenable actitud del jefe de Gabinete se mezcla con la bajísima productividad de la Cámara de Diputados durante el año último. En efecto, se registró una de las menores cantidades de sesiones de los últimos tiempos -apenas 11- y el número de proyectos de ley aprobados fue de 71 contra 195 registrados el año anterior. Además de esta brusca caída en el trabajo del Congreso, sorprende que los parlamentarios -especialmente los representantes del justicialismo- no reclamen enérgicamente el cumplimiento de la Constitución por parte del jefe de Gabinete, un funcionario que -cabe recordarlo- podría ser interpelado por el Congreso a los efectos del tratamiento de una moción de censura, además de ser removido por el voto de la mayoría de los miembros de cada una de las Cámaras. Por supuesto que no estamos hablando del único incumplimiento de la Constitución del cual es corresponsable el Poder Legislativo. Basta señalar que nunca éste se decidió a constituir la Comisión Bicameral Permanente, que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, debería estar funcionando para analizar los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo, del mismo modo que tampoco sancionó una nueva ley de coparticipación federal como lo disponía nuestra carta magna. Lo cierto es que si los propios legisladores no honran debidamente su propia labor, difícilmente pueda esperarse que los respete un Poder Ejecutivo con evidentes ambiciones hegemónicas y que parece concebir al Congreso como un cuerpo molesto para su gestión. Las inasistencias del jefe de Gabinete al Congreso, sumadas a la peculiar tendencia del gobierno nacional de legislar por la vía de decretos; a la predisposición de los bloques oficialistas a actuar como meros refrendadores de los proyectos de la Casa Rosada; a la por lo común insuficiente discusión de los proyectos en comisión, y a la exagerada delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, dan cuenta de una seria deficiencia institucional que debería comenzar a ser resuelta con urgencia, a partir de una actitud más firme y responsable de nuestros legisladores para garantizar el principio de independencia de los poderes.

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