Numero de miembros de la Corte-Seguimos mostrando desprecio por instituciones

Este editorial refleja 100% algo que me sigue preocupando.
Seguimos callados. Sumisos. Aceptando todo.

Editorial La Nacion 28 de febrero de 2006

El futuro de la Corte Suprema

De acuerdo con informaciones periodísticas, el presidente Néstor Kirchner ha expresado que le gustaría dejar la Corte Suprema de Justicia con siete miembros, en lugar de nueve. Tal deseo explica la injustificable demora del Poder Ejecutivo en proponerle al Senado de la Nación sus candidatos a ocupar los dos cargos vacantes en el máximo tribunal tras la destitución de Antonio Boggiano y la renuncia de Augusto Belluscio. La aparente decisión del primer mandatario desnuda también un escaso apego a las normas que él mismo promulgó. Basta recordar que el decreto 222/03, firmado por el propio presidente de la Nación, establece que, producida una vacante en la Corte, el titular del Poder Ejecutivo tiene 30 días para publicar el nombre de su candidato a ocuparla en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales. De ese modo se iniciaría el proceso de designación del magistrado, que incluye la posibilidad por parte de la ciudadanía de presentar impugnaciones, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por el Senado antes de que se apruebe el pliego del nombramiento. Increíblemente, ese plazo de 30 días está ampliamente vencido -han transcurrido unos cuatro meses desde la renuncia de Belluscio y tres meses y medio desde la remoción de Boggiano- y no se ha conocido hasta hoy una explicación oficial acerca de esa sensible demora. A partir de los últimos aportes periodísticos, sabemos que al doctor Kirchner le gustaría no llenar los cargos vacantes en la Corte y dejar el máximo tribunal como está. La decisión de disminuir el número de miembros de la Corte a siete en sí no merecería mayores reparos. En todo caso, es un tema que puede discutirse en el Congreso de la Nación. Pero llama la atención que si el titular del Poder Ejecutivo tiene resuelto bajar a siete el número de ministros de la Corte no presente de inmediato un proyecto de ley en ese sentido. No hacerlo deja flotando la sensación de que quiere reservarse hasta el último día de su mandato la posibilidad de introducir modificaciones en el alto tribunal con el fin de manipularlo. La percepción que queda es que hoy no existe necesidad política para el oficialismo de cubrir los cargos vacantes en la Corte, pero como mañana las circunstancias pueden cambiar es conveniente para el Gobierno mantener en suspenso cualquier decisión. Como ya se señaló en esta columna editorial, lo que está haciendo el Presidente configura un claro incumplimiento de las normas y un grave antecedente. Las instituciones no están hechas a medida de los intereses políticos o particulares de los gobernantes, sino para el bien común. Es de esperar que se deje de jugar con las instituciones y que el jefe del Estado envíe cuanto antes al Congreso un proyecto de ley para reducir de nueve a siete el número de miembros de la Corte, si es que eso quiere, o bien proceda de inmediato a proponer sus candidatos para ocupar los cargos vacantes. Demasiado daño se le ha hecho últimamente a la calidad institucional, especialmente con la reciente reforma al Consejo de la Magistratura, como para pretender dejar de lado el imperio de la legalidad en otras cuestiones básicas que hacen al funcionamiento de la Justicia. De lo contrario, se afianzará cada vez más con carácter de cultura la suposición de que cada gobierno está autorizado a provocar una renovación del máximo órgano judicial

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