LN-Sobre la prohibicion de exportar

Prohibición de exportar

Por Federico A. Young Para LA NACION

PEOR que la aftosa: la prohibición de exportar demolió de un plumazo el valioso mercado externo que el país ganó como tercer exportador mundial y barrió con lo poco que queda de la confiabilidad argentina. Antes no pagamos las deudas y ahora no cumplimos los contratos. En lugar de alegrarnos porque un producto argentino tenga más valor y nos genere divisas y empleos, debemos sufrir por la incomprensible decisión del Presidente de acabar –aunque sea por 180 días, porque sus consecuencias se extenderán por años– con las exportaciones y obligar a exportadores y productores a no cumplir con sus contratos. Tanto el Presidente cuanto la ministra de Economía deben ser pasibles en su patrimonio de su responsabilidad civil por actuar con impericia y negligencia, de acuerdo con el Código Civil, aparte del consecuente proceso de responsabilidad funcional. Todo lo que está pasando no es ni debería ser gratis: Brasil ya se ocupará de llenar nuestro lugar (de hecho Rusia nos cambiará como proveedor de un momento a otro si no se elimina la absurda medida) y los mercados se perderán. El producto quedará devaluado, la imagen argentina por el piso, y cientos de millones de dólares se perderán. Aparte de que no ataca las causas de la valorización de la carne y en el futuro agravará la escasez de la oferta, la prohibición es inconstitucional porque afecta la libertad de comerciar y trabajar: rompe con derechos adquiridos y se inmiscuye en el ámbito privado de negocios que le son ajenos mientras no haya leyes que dispongan lo contrario. Al par de violar la Constitución se pretende modificar sin causa alguna las resultantes del mercado quizá más transparente que existe en el país, en el que se encuentran 190.000 productores y miles de consignatarios, compradores directos, matarifes y frigoríficos. El razonable interés de contener la inflación puede ser satisfecho con menos emisión, menor gasto público, eliminación del límite mínimo de faena, eliminación de impuestos a los cortes populares como el asado (que además no se exportan) y una verdadera estimulación a la mayor producción ganadera, que ésa es una de las bases del aumento de precios ante la cada vez menor existencia de cabezas por habitante (tenemos la mitad que hace 30 años) y el incremento permanente de la demanda por parte de China, Rusia, Israel y los demás mercados que la Argentina había logrado. Por eso, y recordando que en un hecho histórico acaba de resolverse la destitución de un funcionario por mal ejercicio de sus funciones, estos mecanismos institucionales de juzgamiento podrían funcionar dados los gravísimos perjuicios en que han sumido al país el Presidente y la ministra de Economía, pero mientras siga sin existir la división de poderes en la Argentina ello es impensable. Lo que sí es razonable desarrollar es la imputación de responsabilidad civil en sus patrimonios por actuar con impericia y negligencia en su función (aparte del dolo, si se prueba que ello ha sido producto de la decisión ideológica de apropiarse el Estado de la renta agropecuaria), lesionando de esta manera con mala praxis el patrimonio de decenas de miles de productores. Los gobernantes no son impunes, no son ajenos a los deberes y obligaciones que les marca el Código Civil y que les cabe a cualquier ciudadano común. El día en que nuestros administradores paguen con su bolsillo sus abusos, excesos o impericias, va a cambiar la historia del país. © La Nacion El autor es productor agropecuario. Ha sido juez nacional en lo civil. Link corto: http://www.lanacion.com.ar/793190

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