Cambios en el Ministerio de Defensa

Supongo que este tipo algo sabra…..

El ruido y las nueces
Por Horacio Jaunarena
Para LA NACION

El Gobierno ha convertido la reglamentación de la ley de defensa en un anuncio mediático en el que se resaltaron falsas novedades, presentándolas como un mérito de la actual administración en la consolidación de postulados democráticos y modernizadores ya existentes.

El decreto 727, desde su elaboración bajo secreto, hasta su texto definitivo, ignora la concepción de la defensa como una cuestión que, con criterios pluralistas y democráticos, debe ser considerada por encima de banderías políticas. Las cámaras legislativas no han tenido ni arte ni parte en su gestación.

Es claro que se trata de un decreto reglamentario y no requiere tratamiento del Parlamento, pero las consultas hubieran enriquecido el texto y hubieran sido continuidad del criterio según el cual la política de defensa es una política de Estado.

La forma y el contenido de las medidas en el decreto que nos ocupa confunden la política de defensa, materia de consenso, con la política militar, que debería estar contenida y determinada por la primera. Pese a la intención proclamada, esta confusión redunda en una militarización de la política de defensa, pues se la limita solamente a estas cuestiones.

En los considerandos del decreto se alude, como si fuera una novedad, a la “necesidad de proyectar, junto con los países vecinos, un sistema de defensa subregional”.

Cabe destacar que desde el año 2001, hemos propuesto a los países vecinos la integración de un mecanismo de consulta permanente de análisis estratégico, con el objetivo de comenzar a identificar nuestras coincidencias y diferencias, lo que sería un avance notable en la consecución del objetivo, no quedándonos entonces en una mera enunciación de propósitos carente de contenido concreto.

En el desarrollo de un sistema de defensa subregional, al que plausiblemente se aspira, los equilibrios entre las naciones serán columnas más sólidas que la confianza entre ellas. En este sentido, cabe consignar que referido a los casos de Chile y de Brasil, marchamos hacia un desequilibrio por defecto de la Argentina.

También debemos considerar que, a estar de los términos del decreto 727, se hará muy difícil la congruencia con las fuerzas armadas de Brasil y Chile, que tienen principios y estructuras diferentes.

* * *
En otro orden, la primera parte del decreto que analizamos, luego reiterada, se dedica a restringir el empleo del instrumento militar a la hipótesis de agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas de otros países. Estas dos últimas exigencias no están en el texto de la ley.

El concepto es anacrónico frente a las agresiones que el mundo moderno ha sufrido en los últimos años y a la doctrina que, en el nivel mundial, se ha elaborado a partir de ellas.

El más elemental razonamiento nos indica que la respuesta a una agresión no debe estar determinada por su ubicación geográfica o por quienes la llevan a cabo, sino por las características de la misma, el tipo de armamento que emplea el agresor, la potencialidad del daño que puede producir y la decisión de que nuestra población sufra la menor lesión posible en sus vidas y en sus intereses.

Esta respuesta debe ser dada por el Poder Ejecutivo, democráticamente elegido por el pueblo, y a quien éste le otorgó el derecho y el deber de defenderlo con las herramientas más adecuadas a su alcance, y no limitado por precisiones basadas más sobre prejuicios e ideologismos, que por una lectura realista del mundo que hoy nos toca vivir.

En otro orden, la confusión ya señalada entre la política de defensa y la política militar provocará un engrosamiento rápido de la planta de funcionarios civiles jerarquizados que designará el Ministerio de Defensa, produciendo, además, un notable aumento de las estructuras en los niveles superiores del Estado Mayor Conjunto y de las fuerzas, agravando la distorsión que ya padecen, con macrocefálicas estructuras administrativas y escuálidos elementos operacionales.

El decreto excede la letra y el espíritu de la ley de defensa, al otorgar facultades al jefe del Estado Mayor Conjunto que la ley no le otorga y al quitarles facultades a los jefes de los Estados Mayores de las fuerzas que la referida ley les da. Como es sabido, un decreto no puede modificar una ley.

Tampoco es razonable otorgar al Ministerio de Defensa la facultad discrecional de crear “unidades operacionales” y proponer modificaciones de partidas, reiterando el vicio en que incurre este gobierno cuando arbitrariamente reasigna y modifica partidas al margen del debido control que el Parlamento debiera realizar.

En síntesis, para conseguir el plausible objetivo de modernizar nuestro sistema de defensa y evitar los groseros errores que se pueden cometer, se debería avanzar con una cuota de diálogo y de racionalidad, que, por ahora, está ausente.

El autor fue ministro de Defensa en las presidencias de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/815747

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